La crisis que hemos olvidado

Ni siquiera los científicos que alertaban desde hace tiempo del peligro de las pandemias en esta sociedad tan codependiente y globalizada podrían haber imaginado una crisis de estas características. Podríamos decir que a partir de ahora los escucharemos con mayor atención, pero nos equivocaríamos. Al igual que los expertos han avisado durante años del riesgo de una pandemia global, también lo han hecho sobre la crisis climática. No sólo no hemos entendido que la alarma de los expertos es casi premonitoria, sino que hay gobiernos que han decidido paralizar los pasos que se habían dado hacia un mundo más respetuoso con el medioambiente.

La economía es uno de los factores más preocupantes, ya que se verá gravemente afectada tras la crisis del Coronavirus. Los ejecutivos están empezando a buscar fórmulas para reducir el impacto económico que sucederá a esta crisis sanitaria. Desgraciadamente parece que gobiernos, como los autonómicos en España o el central estadounidense, no ven una salida de la pandemia que no pase por encima del bienestar ecológico. Un mismo argumento se repite en todos ellos: eliminar trámites burocráticos para relanzar la economía. El problema es que esta eliminación de trámites burocráticos perjudicará al medioambiente y a la biodiversidad, mediante la supresión de garantías en la construcción o en las normativas de contaminación.

En España vemos luces y sombras. Por un lado, están las Comunidades Autonómicas, en las que se han iniciado modificaciones en las leyes que podrían suponer un grave impacto medioambiental a cambio de reactivar las cuentas a través del urbanismo. Las luces en este caso se encuentran en el Gobierno central, que ha aprobado el anteproyecto de Ley del Cambio Climático en la que se pueda basar una salida de la crisis.

Un predecible nuevo boom del ladrillo

Greenpeace ha alertado sobre ocho autonomías que avanzan hacia esta nueva política de revitalización económica. Además, muchas de las reformas se han realizado por la vía de urgencia, por lo que, según la organización ecologista, no ha habido suficiente transparencia ni participación ciudadana.

Los ecologistas temen que, al igual que sucedió durante la crisis de 2008, los gobiernos autonómicos apuesten por la construcción desmesurada como salida de la crisisCon el mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80%, utilizar la crisis económica derivada del Covid19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad en Greenpeace. “La actual pandemia ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto al daño medioambiental pero parece que nuestros gobernantes no extraen ninguna lección aprendida.

En Andalucía, a principios de abril, la Junta convalidaba el decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La nueva Ley busca eliminar garantías ambientales con el objetivo de agilizar trámites administrativos y así reducir el impacto socioeconómico del Brexit y la pandemia. ¿Cómo? Modificando nada más y nada menos que 21 leyes y 6 decretos. Entre ellos se encuentra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En la Junta también han expresado el deseo de reformar la Ley del Suelo, dándole más autonomía a los ayuntamientos. No son los únicos con interés en modificar esta Ley, como veremos más adelante. Con estos cambios serán construidas 2.500 viviendas, un hotel de 300 habitaciones cerca del pinar del parque natural de la Breña (Cádiz), un campo de golf, un hotel de lujo y 680 viviendas en la costa tropical no urbanizada ubicada entre Nerja y Maro. Todos estos proyectos no habrían salido adelante sin el reciente cambio en la Ley porque no cumplían los requisitos medioambientales.

Por otro lado, Murcia, ha anunciado dos decretos ley que modifican cuatro leyes, por supuesto, la Ley del Suelo es una de ellas. Ahora los ayuntamientos tendrán la última palabra sobre la evaluación ambiental convirtiéndose en una suerte de órganos ambientales en planteamiento urbanístico. Esto es un riesgo ya que, desde el punto de vista de muchos ayuntamientos, siempre será más importante reactivar la economía.  

En la comunidad de Madrid también se ha propuesto cambiar la Ley del Suelo para sustituir las licencias urbanísticas por una “declaración responsable” en obras menores. De esta manera se desbloquearán de forma inmediata 2.000 expedientes urbanísticos y 32.000 más a medio plazo que con la Ley del Suelo actual no cumplirían los requerimientos.

El Gobierno autonómico de las Islas Baleares anunció una eliminación de trámites burocráticos para impulsar la modernización de establecimientos turísticos y potenciar la construcción de estos. Como en Madrid, sólo será necesario presentar un informe o una declaración responsable para obtener la licencia municipal. Además, los hoteles podrán ampliar su zona edificada un 15% y todas las obras en zona turística estarán exentas de limitaciones temporales en cualquier normativa insular, autonómica o municipal.

En Galicia la Xunta acelerará la tramitación ambiental de 975 proyectos con un fuerte rechazo social debido a sus características lesivas para la naturaleza. Entre estos proyectos podemos encontrar explotaciones ganaderas, macrogranjas, vertederos, parquees eólicos, líneas de alta tensión, centros comerciales…

En Cataluña a finales de abril se anunció la Ley Omnibus Covid-19, una ley similar a la que en 2011 aprobó el gobierno de Artur Mas que entonces serviría para, como él mismo dijo en su momento, “que las actividades agrarias, industrial, turístico, comercial y, en definitiva, todos los sectores que hacen hervir la olla tengan menos trabas por parte de la Administración”. El proyecto aún no está claro, pero se sabe que pretende rebajar durante la pandemia las medidas fiscales que eran favorables en la lucha contra la emergencia climática.

Por su parte Castilla y León y Castilla-la Mancha están estudiando la modificación de la Ley de Urbanismo, por parte de Castilla y León, y dos leyes para agilizar los procedimientos económicos y de instalación de empresas.

El Gobierno de España apuesta por una salida verde

Por suerte el Gobierno central no sigue la estela de las autonomías y el 19 de mayo aprobó el anteproyecto de Ley del Cambio Climático con unos objetivos principales: la descarbonización del país antes del año 2050 e impulsar el coche eléctrico y las energías renovables. De esta forma el ejecutivo espera que la reconstrucción social y económica del país después de la crisis del Coronavirus no pase por ignorar la emergencia climática, en línea con lo acordado en el Pacto Verde europeo y el Acuerdo de París.

El plan del Gobierno es reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 2030 un 20% respecto a los niveles de 1990, año de referencia establecido en el Acuerdo de París. El objetivo es que para 2050 España no emita nada más que la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros puedan absorber. Además, antes de ese mismo año el país tendrá que ser 100% renovable, teniendo al final de 2030 un mínimo del 35% de consumo final de energía renovable.

Para lograr sus objetivos desde 2021 hasta 2030 se reducirán las emisiones un 23% respecto a 1990 para que a partir de 2030 la reducción sea de un 20%. Así mismo se potenciará la movilidad eléctrica, el uso de la bicicleta y el aumento del protagonismo de los peatones en la arquitectura callejera. De hecho, durante esta pandemia ya hemos visto cómo muchas ciudades han reducido el espacio dedicado al tráfico de vehículos y han ampliado las zonas peatonales.

Con todo ello, el Gobierno prevé que la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros en inversión durante los próximos 10 años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos anuales. Además, el PIB español aumentará en torno a un 1.8% en 2030.

Estados Unidos continúa dando pasos atrás

Las modificaciones no sólo se han dado en España. La República Checa, Hungría y Polonia ya han anunciado que aplazan sus compromisos climáticos firmados en el Acuerdo de París.

En Estados Unidos también se han modificado las leyes en detrimento del bien medioambiental, aunque no es nuevo que la potencia liderada por el republicano Donald Trump desprecie todo aquello que tenga que ver con sustentar la existencia del cambio climático. El mejor ejemplo de ello es la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2019, siendo el único país en hacerlo. Una vez más, el Gobierno americano ha maniobrado para acabar con los avances que la administración Obama había logrado. En esta ocasión lo ha hecho flexibilizando las normas del uso de combustible en coches nuevos, suspendido las normativas de contaminación de aire por hollín, ha intentado acelerar la concesión de permisos para las piscifactorías de alta mar, ha facilitado el proceso de rendición de cuentas a efectos ecológicos de las grandes empresas contaminantes… Trump incluso ha firmado una orden ejecutiva que promovía la explotación minera en la Luna.

De esta manera Estados Unidos continúa con la tendencia de no seguir el consenso global, haciendo peligrar cada vez más su papel como potencia líder en el orden mundial.

Eventos decisivos aplazados

El año 2020 es la fecha decisiva para hacer o no efectivas las medidas globales en la lucha contra la emergencia medioambiental. A pesar de ello, las reuniones del calibre de la Cumbre del Clima de Glasgow, la COP-26, son simplemente inviables en estas circunstancias. La cumbre se iba a celebrar en noviembre de 2020, pero ahora tendrá lugar el próximo año, cuando las economías se reinicien. Después de los decepcionantes resultados de la COP-25, se esperaba que en esta reunión se perfilase definitivamente la adaptación del Acuerdo de París, después de que no hubiese consenso a la hora de establecer las bases de la cooperación internacional contra el cambio climático ni se tomasen decisiones sobre la financiación del Fondo Verde para el Clima. Este retraso podría acabar teniendo un beneficio, dependiendo del resultado de las próximas elecciones presidenciales. Si Trump es reelegido nada cambiará, pero si por el contrario es Joe Biden, el candidato demócrata, quien vence es posible que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París.

“Este mundo ya está enfrentándose a un desafío global sin precedentes y los países se están enfocando correctamente en salvar vidas y luchar contra el COVID-19. Espero acordar una nueva fecha para la conferencia.”

También ha quedado aplazada la Cumbre de Biodiversidad de la ONU (COP-15) que se iba a celebrar en octubre de 2020. En ella se hubieran abordado las causas de diversidad biológica, la manera de reducir presiones directas sobre la diversidad biológica, aumentar beneficios de las mismas…

Motivos más que suficientes

No es descabellado afirmar que la lucha contra el cambio climático puede ser beneficiosa también contra la pandemia. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard relaciona los niveles de contaminación con el riesgo de mortalidad de pacientes con COVID-19. Esta investigación ratifica que una exposición a largo plazo de contaminación por partículas inhalables en el aire (PM 2.59) conlleva un aumento en el porcentaje de muertes por Coronavirus.

Pasar a una economía limpia, llegando al año 2050 con un nivel neto de emisiones de 0%, es uno de los objetivos de Europa a la hora de enfrentarse a la crisis climática. El uso de las energías renovables es cada vez más relevante a la hora de conseguir este logro y, además, resulta ser rentable. En España el uso de este tipo de energía ha resultado beneficioso no sólo en términos ecológicos sino también económicos. En 2018 el sector de las renovables creó 81.924 empleos y aportó 10.521 millones de euros al PIB, lo que equivale a un 0.87% del total. Las energías renovables llegaron a aportar un 1% al PIB en el año 2012.

Aun así, empezamos a ver los primeros signos de que, como ocurrió con la crisis de 2008, las economías se reactivarán a costa del medioambiente. Lo resume bien la Secretaria Ejecutiva de la ONU en Cambio Climático, Patricia Espinosa: “La COVID-19 es la amenaza más urgente a la que se enfrenta la humanidad hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad a largo plazo.”

De igual manera que no imaginábamos que una pandemia, que al principio no nos parecía nada más que una especie de gripe estacional, pusiera contra las cuerdas todo el sistema actual, quizá nos suceda lo mismo en un futuro no muy lejano con las advertencias de los científicos sobre el cambio climático y la necesidad de hacer un cambio efectivo. ¿Sabremos actuar a tiempo?

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