La clave de la pieza nº7: la operación Kitchen

El exsecretario de seguridad de Estado, Francisco Martínez, ha declarado el 24 de enero por su implicación en el caso Kitchen. El antiguo número dos del Ministerio de Interior se convierte así en el primer político imputado en esta causa. La operación es una pieza separada del caso Villarejo, concretamente la pieza número siete, que investiga cómo presuntamente desde 2013 y hasta 2015 la llamada brigada política, por orden del Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, se apropió de manera fraudulenta de documentos de Luis Bárcenas, que contenían información sensible sobre la financiación con dinero negro del PP.

La operación Kitchen comenzó a investigarse en 2017, a raíz de una serie de documentos y conversaciones grabadas obtenidas en la detención del comisario José Manuel Villarejo, perteneciente a la denominada brigada política. El robo de los documentos tuvo lugar en 2013, mientras el ex tesorero del PP, Luís Bárcenas ya se encontraba en prisión.

Es el chófer personal de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, quien efectúa la sustracción de la documentación. Ríos era cómplice de la brigada política, formada por el comisario Villarejo y Enrique García Castaño, exjefe de la policía en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Eugenio Pino ocupaba el puesto de Director Adjunto Operativo de la policía durante esta época, era el número dos del exdirector general de la policía, Ignacio Cosidó. El siguiente en la cadena de mando es el Secretario de Estado de Seguridad, función que en aquel periodo de tiempo ejercía Francisco Martínez.

El papel del Ministerio de Interior

En el año 2013, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, el Ministerio de Interior estaba a cargo de Jorge Fernández Díaz. Ese mismo año el extesorero del partido, Luis Bárcenas, ingresa en prisión preventiva y amenaza al PP con tirar de la manta. Eso implica una amenaza para los populares, que se enfrentan a varias investigaciones sobre financiación ilegal.

Con el objetivo de hacerse con las pruebas que el extesorero había ocultado en un lugar desconocido la llamada brigada política espía, presuntamente, a la familia Bárcenas por orden del Ministerio de Interior.

Este grupo de policía política consigue los documentos a través del chófer de la familia. El Mundo publica el contenido de los documentos, que constaban de la agenda personal de Bárcenas, documentación relacionada con la contabilidad de la Caja B del PP gallego, notas sobre la financiación irregular de las campañas del PP de Madrid y manuscritos de Rosalía Iglesias, escritos durante las visitas a Bárcenas en prisión. En estos últimos, conocidos como “los papeles de Rosalía”, Iglesias había dejado constancia de tener pruebas sobre unas obras realizadas en el domicilio de Mariano Rajoy.

Los “papeles de Rosalía” que fueron robados por la brigada política

Durante la investigación, el PP comenzó una campaña de victimismo en la que aseguran que la operación Kitchen “no es una trama del PP, es una trama contra el PP”: También acusó al antiguo ministro de Interior del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, de controlar la policía como “a una camarilla”.

Es en diciembre del año 2018 cuando el Ministerio de Interior, bajo la responsabilidad del ministro Fernando Grande Marlaska (PSOE), entrega un informe a la Audiencia Nacional, reconociendo la existencia del caso Kitchen, entre los años 2013 y 2015. En el escrito, Interior confirma que algunos funcionarios de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía participaron en dicha operación. La propia DAO reafirma poco después las palabras del Ministerio con otro informe.

El Ministerio también asegura estar investigando la acción de aquellos funcionarios y aseguran que “se informará a la autoridad judicial competente a la mayor brevedad posible”. Además, el Gobierno, a petición del juez De Egea, desclasifica la información que estaba protegida por la Ley de Secretos Oficiales.

Quien coordinaba la actuación de la Policía durante 2013 y 2015 era el antiguo número dos del ministro Jorge Fernández Díaz y exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El exjefe de la UCAO y presunto integrante de la brigada política, Enrique García Castaño, declara ante el juez en enero de 2019 que Fernando Martínez fue quien le ordenó el espionaje a la familia Bárcenas y que, para que el exsecretario pudiera seguir los avances en el caso, García Castaño le había dejado un ordenador portátil.

El 22 de enero de 2020, juez encargado de la causa, Manuel García Castellón, cita como investigado a Francisco Martínez. 

Así, Martínez se convierte en el primer político imputado en la operación Kitchen. Al conocer la noticia envía un comunicado en el que asegura: “A pesar de los errores que, sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la ley”.

El día de la declaración, el 24 de enero de 2020, Francisco Martínez se niega a responder las preguntas del juez.

Eugenio Pino, exjefe de la DAO, declaró el 28 de enero de 2020 que el ministro de Interior, Fernández Díaz, le había pedido que “dejase de tratar mal” al comisario Villarejo, por orden del presidente Mariano Rajoy.

El exministro de Interior no ha sido citado ante el juez García Castellón.

La brigada política

La pieza clave de la operación Kitchen es la actuación de la llamada brigada política, responsable del espionaje de la familia Bárcenas que desembocó en el robo de una serie de documentos que comprometían al Partido Popular.

Se tiene constancia de la existencia de la denominada brigada política desde la llegada en 2012 del PP al gobierno.

Era un grupo policial secreto que dedicaba su trabajo a realizar labores de Inteligencia. La brigada política participó, entre muchas otras causas, en la elaboración del informe PISA, contra Podemos y en la búsqueda o invención de pruebas contra los líderes de los partidos independentistas catalanes.

Se considera a Eugenio Pino como el líder de este grupo policial formado también por el comisario José Manuel Villarejo, encarcelado desde 2017, y Enrique García Castaño.

Para llevar a cabo estas prácticas ilegales la brigada política de sirvió de una serie de infiltrados a los que pagaban cuantiosas sumas de dinero procedentes de un fondo a su disposición. El que más relevancia tiene en el caso es Sergio Ríos, antiguo chófer de los Bárcenas, ya que fue quien logró copiar los famosos papeles de Bárcenas para la brigada política. En enero de 2019, el exchofer confesó en la Audiencia Nacional su participación en la operación.

Es el antiguo guardaespaldas de Dolores de Cospedal (PP), el policía Andrés Gómez Gordo quien presuntamente pone en contacto a Ríos con Villarejo.

Manuscrito de Rosalía Iglesias en el que vincula a Sergio Ríos con Andrés Gómez Gordo

La policía política se sirvió, presuntamente, de otros tres infiltrados según informaciones de OKDiario.

Uno de ellos era un preso que se había ganado la confianza de Bárcenas en la cárcel. El interno hacía de intermediario entre el extesorero y su familia, aprovechando los permisos de los que disfrutaba. Realmente lo que hacía era obtener información de los Bárcenas para la brigada.

También cooperaba con ellos un trabajador del taller de restauración de Rosalía Iglesias. Los policías creían que los papeles podían estar escondidos en el local.

El tercer infiltrado era el conserje de un edificio próximo al domicilio de los Bárcenas.

El Español publica una serie de documentos que demuestran que la brigada política también investigó a todos los vecinos del edificio en el que vivía la familia Bárcenas en la calle de Hermosilla. Los documentos no tienen sello ni firma, indicativo de la participación de estos policías.

Documento cuya autoría atribuye a la brigada política

Eugenio Pino y García Castaño están siendo investigados por los delitos de malversación, prevaricación, cohecho, robo de documentos y allanamiento de morada, este último cargo se refiere a la posible responsabilidad de la brigada política detrás del secuestro de Rosalía Iglesias, su hijo y una asistente en el domicilio familiar por un hombre disfrazado de cura.

El robo del chófer

Después de una visita en prisión a Bárcenas, Rosalía Iglesias, traslada en 2013 la documentación sensible al despacho de su abogado para que fuese él quien la salvaguardase. Decide hacerlo mediante su chófer, Sergio Ríos.

Lo que no sospechaba la familia Bárcenas era que el principal topo del grupo policial al que pertenecía el comisario Villarejo fuese aquel a quien consideraban un amigo de la familia. Después de todo, Ríos había decidido seguir al servicio de la familia a pesar de que no podrían pagarle. La verdadera razón por la que el chófer había decidido seguir con los Bárcenas no podía distar más de la amistad. Por su trabajo como espía Sergio Ríos había recibido de la brigada policial 2.000 euros al mes durante dos años.

El chófer aprovechó el viaje para fotocopiar la documentación para después entregarla a la brigada política.

Por este robo, Ríos había cobrado 48.000 euros de los fondos reservados de la policía política. Además, ingresó en la policía en 2017, con 42 años y a los pocos meses fue ascendido a los servicios centrales de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en Madrid, donde vive con su familia. Un destino al que llegó mediante el procedimiento excepcional de la comisión de servicios.

El episodio del falso cura

El día 23 de octubre de 2013 Sergio Ríos abandona la compañía de Rosalía Iglesias en el domicilio de los Bárcenas para ir a ver a su mujer, que trabajaba en una tienda de ropa.

Durante esta ausencia, un hombre vestido de cura llama a la puerta de la casa, asegurando que venía de parte de Instituciones Penitenciarias para gestionar la salida de Luis Bárcenas de prisión. Una vez ha entrado en la casa, el hombre saca un revólver y maniata a Iglesias, a su hijo Guillermo Bárcenas y a una empleada del hogar.

El hombre buscaba un pen drive que, según decía, arruinaría al Gobierno.

Aprovechando un descuido del secuestrador, Guillermo Bárcenas logra zafarse e inmovilizar al falso cura. Rosalía Iglesias sale de la casa para pedir ayuda y se encuentra con Sergio Ríos, que ya estaba de vuelta.

El falso cura es detenido e identificado como Enrique Olivares.

En el juicio, Olivares tuvo a su servicio a tres abogados: uno de oficio, de los otros dos no se sabe quién pagó las minutas.

Enrique Olivares se presenta como un desequilibrado, aseguró que las voces de su cabeza le habían ordenado hacer lo que hizo y que sólo quería que se callasen.

Tal fue el espectáculo ofrecido que la sesión tuvo que interrumpirse.

Parte de la declaración de Enrique Olivares emitida en Al rojo vivo, en La sexta

El informe psiquiátrico presentado en el juicio aseguraba que Olivares padece un trastorno de personalidad con rasgos paranoides, narcisistas y antisociales.

A pesar de lo acreditado por los psiquiatras, el tribunal concluye que finge y que “Olivares tiene parcialmente afectada, aunque no eliminada, su capacidad de acomodar su conducta a la ley”. Es condenado a 22 años de cárcel por allanamiento de morada, tenencia ilegítima de armas y lesiones.

Se ha investigado si el falso cura formaba parte de la brigada política, pero no han podido preguntar a Olivares ya que la última información que se conoce es que sufrió un ictus en el centro penitenciario y que, debido a las consecuencias del mismo, ahora apenas es capaz de expresarse.

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